Los diferenciales de PIB per cápita entre las comunidades autónomas se han reducido 30 puntos en los últimos 45 años

El sistema de convivencia y el entramado institucional del que nos dotamos los españoles desde la restauración de la democracia en la década de los setenta del pasado siglo se ha traducido en un aumento generalizado de la calidad de vida y el progreso de los habitantes en todas las comunidades autónomas españolas.  A lo largo de los últimos 45 años, los diferenciales de PIB per cápita entre las diferentes regiones se han reducido 30 puntos porcentuales por la paulatina convergencia hacia la media nacional de las más desfavorecidas. Galicia, La Rioja y Castilla y León son las comunidades que más se han acercado a la media en este periodo. 

 

Esta es una de las conclusiones del estudio “45 años de evolución económica, social y empresarial de las Comunidades Autónomas en España (1975-2020)”, elaborado por la Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Economistas de España, y que  han presentado los presidentes de ambas instituciones, José Luis Bonet y Valentín Pich, junto con los directores del estudio. 

 

El objetivo de este informe –dirigido por los economistas Salvador Marín, presidente de la European Federation of Accountants and Auditors for SMEs y director de la Cátedra EC-CGE, y Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España–  es  estudiar la trayectoria seguida por  las Comunidades Autónomas en los últimos 45 años. Este trabajo es continuación del presentado el pasado mes de julio en el que se analizaba la evolución económica, social e institucional de España en el mismo periodo. 

 

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha destacado “el decisivo papel desempeñado por las empresas en la trayectoria seguida por las comunidades autónomas desde 1975. El tejido empresarial se ha afianzado como la base de la actividad económica del país, la principal fuente de empleo, la garantía de la cohesión territorial y el sustento más importante del estado del bienestar y del sector público”. 

 

Por su parte, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha puesto en valor el trabajo de las CCAA quienes, “a través del desarrollo de las distintas competencias han sido corresponsables del aumento de la calidad de vida en todas y cada una de las regiones españolas”. “Si bien quedan cuestiones por resolver con respecto a nuestro sistema de organización territorial, como el relativo al sistema de financiación –sobre el que los partidos políticos deberían definirse de una vez por todas–, ahora el debate hay que centrarlo necesariamente en salir de la crisis y, para ello, todas las Administraciones –estatal, autonómica y local– habrán de seguir remando en la misma dirección con una actitud franca, transparente y cooperativa”, ha concluido Pich. 

 

Durante la presentación, Raúl Mínguez ha subrayado “la creciente y generalizada vocación internacional e innovadora, y la mayor productividad del tejido empresarial de las diferentes regiones españolas en las últimas décadas. De cara al futuro, además de la superación de la crisis sanitaria actual, y como consecuencia de ésta, las crisis económica y social, las empresas señalan como retos inminentes el cambio de modelo productivo territorial, con una mayor presencia de la industria, la estabilidad y calidad laboral, y seguir reforzando la innovación y la expansión exterior”. 

 

Por su parte, Salvador Marín ha declarado que “tras dirigir este trabajo, podemos reafirmar, sin temor a equivocarnos o pecar de subjetivos, que el conjunto de España ha experimentado en estos años una profunda transformación en su organización territorial, económica, institucional y empresarial, convirtiéndose en uno de los países con uno de los niveles más altos de descentralización a nivel político y territorial, con unas instituciones muy serias en los diversos ámbitos de competencia. Y muestran a unas Comunidades Autónomas insertadas en una realidad nacional con necesaria proyección europea y mundial, donde la suma de las individualidades nos configuran como una nación mejor, y a su vez la propia nación hace mejorar al componente individual de cada una de ellas”. 

 

Evolución del PIB y el mercado laboral

 

Según el estudio, el PIB ha crecido una media anual del 2,39% en los últimos 45 años pasando de algo más de 414 millones de euros en 1975 a 1,1 billones en 2019 –a precios constantes de 2010–. Región de Murcia, La Rioja y Canarias son las comunidades autónomas donde más ha aumentado el PIB en media anual, mientras que Asturias, el País Vasco y Cantabria han registrado el menor avance. 

 

En cuanto al PIB por habitante, este ha crecido un 1,75% de media anual durante el periodo analizado. Por encima de ese porcentaje, se sitúan Extremadura, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Aragón, que superan el 2%. Por el contrario, los menores avances se han registrado en Baleares, Canarias, Cantabria y Asturias. 

 

Cabe destacar que la población española se ha incrementado un 32,4% en los últimos 45 años, con Baleares, Canarias, Murcia, Madrid y la Comunidad Valencia en cabeza. Por el contrario, Castilla y León, Extremadura, Asturias y Galicia han visto descender su número de habitantes. Además, Asturias, País Vasco, Galicia y Castilla y León son las regiones con la población más envejecida. Por lo que se refiere a la inmigración, son nuevamente Asturias, Galicia y Castilla y León las comunidades autónomas con menos población extranjera. 

 

Otro de los aspectos analizados en el estudio es la evolución del mercado laboral, que muestra un fuerte crecimiento de la población en disposición de trabajar en toda España, si bien este no se ha comportado de manera homogénea. Así, la población potencialmente activa se ha duplicado en Baleares, Canarias y Murcia, mientras que en Asturias, Castilla y León, Galicia y Extremadura apenas ha variado. En cuanto a la tasa de actividad, esta ha aumentado en todas las comunidades autónomas excepto en Cantabria, Castilla y León, Asturias y Galicia. 

 

Del mismo modo, la ocupación se ha incrementado en todas las regiones, excepto en Asturias, Castilla y León y Galicia, donde se ha reducido. Por lo que se refiere al desempleo, Extremadura y Andalucía son las dos regiones con una mayor tasa de paro y muy superior a la media nacional, mientras que País Vasco y Aragón son las que menor tasa de desempleo presentan. 

 

Al analizar la evolución del desempleo en las distintas comunidades autónomas se observa cómo durante las dos últimas crisis económicas se ha producido una fuerte destrucción de empleo en todas ellas. Este hecho hace vaticinar que el aumento del desempleo iniciado en los últimos meses a consecuencia del paro de la actividad productiva provocada por la pandemia generada por la COVID-19 vaya a seguir aumentando en los próximos meses. 

 

Financiación autonómica

 

El estudio aborda también la evolución de la financiación autonómica desde los años 90 del pasado siglo. Entre las conclusiones cabe destacar que hay seis comunidades cuya financiación per cápita es siempre superior a la media nacional: Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Extremadura y Castilla y León. Por el contrario, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana son las únicas comunidades que reciben una financiación per cápita inferior a la media española. Madrid y Cataluña, a lo largo de todo el periodo considerado, sitúan su financiación en torno a la media con pequeñas diferencias, mientras que en el resto de las comunidades la situación varía, según los años. 

 

Por lo que se refiere a la presión fiscal (recaudación tributaria como porcentaje del PIB), en los años 90 Madrid, País Vasco, Cataluña y Cantabria ocupaban los primeros puestos, con Extremadura en último lugar. En 2018, la mayor presión fiscal se registraba en Baleares y la menor en Canarias. 

 

En cuanto al esfuerzo fiscal (relación entre presión fiscal y PIB per cápita de cada región), las mayores tasas en los 90 se registraban en Madrid, País Vasco, Cataluña, Cantabria y Andalucía, y la menor en Baleares. En la actualidad, el mayor esfuerzo fiscal corresponde a Extremadura y Andalucía, y el menor a Navarra, País Vasco y Madrid.