15
Jun
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha suscrito hoy convenios con la Cámara de España, Ceoe, Cepyme, ATA y Cermi para reducir cargas administrativas con empresarios, autónomos y discapacitados, con el objetivo de facilitar la labor de emprendedores, eliminar barreras burocráticas e impedimentos en las relaciones con la Administración General del Estado.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha suscrito hoy convenios con la Cámara de España, Ceoe, Cepyme, ATA y Cermi para reducir cargas administrativas con empresarios, autónomos y discapacitados, con el objetivo de facilitar la labor de emprendedores, eliminar barreras burocráticas e impedimentos en las relaciones con la Administración General del Estado.
El objetivo es la participación del sector social y empresarial en la política de reducción de cargas administrativas a través de la firma de convenios con las organizaciones y asociaciones más representativas.
Según ha explicado la ministra Carolina Darias, el objetivo principal de estos convenios “es eliminar obligaciones innecesarias, reducir la frecuencia de petición de datos, facilitar la presentación electrónica de solicitudes, comunicaciones y demás documentos. Estos convenios van a contribuir a reducir las denominadas “cargas administrativas” y facilitarán las relaciones de empresas y la ciudadanía con la Administración General del Estado”. La ministra ha destacado también que “existen trámites innecesarios, repetitivos o especialmente complejos que pueden suprimirse, reducirse o simplificarse”.
Por su parte, el secretario general de la Cámara de España, Adolfo Díaz-Ambrona, que ha sido el encargado de firmar el convenio por parte de la Cámara de España, ha afirmado que para esta institución “es clave la existencia de un contexto favorable para la actividad productiva, que se caracterice por una regulación moderna y eficiente y unos procedimientos administrativos razonables y lo más neutrales posibles para la economía”.
Sobre la actuación de la Cámara de España durante el pasado año, ha destacado que esta institución presentó el año pasado cerca de 70 propuestas de reducción y simplificación de trámites administrativos, que alcanzan los 700 millones en términos económicos.
En 2020 los convenios se centrarán principalmente, pero no de manera exclusiva, en los procedimientos que afectan al sector energético, en el ámbito de la economía circular y lucha contra el cambio climático, fomento del trabajo autónomo, procedimiento administrativo común, así como las dificultades con las que se encuentran las personas con discapacidad y sus familias.
Permitirán acciones para mejorar el funcionamiento de la administración electrónica, reducir la documentación que se solicita en los procedimientos, mejorar la interconexión entre diferentes departamentos (interoperabilidad), mejorar la información disponible en las webs de determinados organismos, facilitar la cumplimentación de formularios, o la puesta en marcha de campañas informativas sobre temas de interés general, para empresas y ciudadanos.
Estos convenios acreditan el papel complementario que, junto a la Administración General del Estado, ejercen empresas y asociaciones de colectivos en la mejora de los servicios públicos y cobran especial relevancia en el momento actual, cuando la lucha contra los efectos del COVID-19 ha dado lugar a una intensa actividad de los poderes públicos para contener y mitigar los efectos de la pandemia. Se pretende buscar la participación de los agentes económicos y sociales en el contexto de un gobierno abierto y participativo en el proceso de recuperación coadyuvando al estímulo la economía y la protección de colectivos más vulnerables.
Convenios con las organizaciones y asociaciones más representativas
Estos convenios forman parte de las políticas de simplificación administrativa y participación de las partes interesadas en las actuaciones de la AGE, como medio de interlocución de empresas y sectores específicos. Las propuestas que originan son uno de los puntos de partida de los Planes de Simplificación y Reducción de Cargas que los ministerios elaboran anualmente. Los convenios amparan también la organización de laboratorios de ideas o foros de discusión de cuestiones concretas entre centros gestores de la AGE y empresas afectadas.
La reducción de cargas administrativas constituye una política pública en la agenda de los gobiernos, administraciones y organismos públicos nacionales e internacionales (especial ente en la UE y OCDE), y representa una reiterada demanda de los ciudadanos, empresas y agentes socioeconómicos, destinatarios finales de las actividades de las administraciones públicas.
Durante 2019, se analizaron un total de 148 propuestas, que afectaban a los distintos ministerios, destacando el mayor volumen las que corresponden a Asuntos Económicos y Transformación Digital, Hacienda e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Además, entre 2018 y 2019 se celebraron 16 encuentros con empresarios y colectivos, en Santander, Madrid, Gijón, Valencia, Sevilla Las Palmas, Elche, Granada y Pamplona.
