Francia presenta su Ley de Movilidad a los miembros de la Comisión de Movilidad de la Cámara de España
La Comisión de Movilidad de la Cámara de España, presidida por Christian Stein, director general de Comunicación de SEAT y de Relaciones Institucionales del Grupo Volkswagen en España, ha conocido en su última reunión los detalles de la Ley de Movilidad de Francia, en vigor desde diciembre del año pasado y concebida como una “caja de herramientas” para facilitar a los ciudadanos soluciones adaptadas a sus necesidades y cumplir los compromisos del Acuerdo del París. La ley lleva a cabo un profundo cambio de enfoque para facilitar alternativas diseñadas a las necesidades de transporte de proximidad de los usuarios.
El Consejero del servicio económico de la Embajada de Francia, el señor Yasser Abdoulhoussen, ha presentado los detalles de esa ley que se centra en la movilidad cotidiana como prioridad. “El objetivo era realizar una profunda transformación del sector de la movilidad para facilitar soluciones más fáciles, más limpias y menos costosas”, ha explicado el señor Consejero, que ha recordado que 7 de cada 10 franceses utilizan el vehículo privado para desplazarse a sus puestos de trabajo y que el transporte sigue siendo, en Francia, la fuente de casi el 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En ese sentido, la ley francesa persigue cuatro objetivos principales: “presentar soluciones alternativas a la dependencia del uso del automóvil individual, desarrollar la innovación, reducir la huella ambiental del transporte y priorizar la inversión en las infraestructuras del transporte cotidiano”, ha señalado el señor Abdoulhoussen. Para ello, se crearán territorios de bajas emisiones, se prohibirá la venta de los vehículos de combustión fósil en el año 2040, se establecerán ayudas fiscales destinadas a la renovación de flotas e incentivos al uso de servicios compartidos de movilidad. El señor Consejero recordó que la contaminación en las ciudades provoca 48.000 muertos al año en Francia.
En este ámbito, el Consejero de la Embajada de Francia ha recordado que el apoyo a la movilidad sostenible cuenta también con dotación económica: “hasta 400 euros por empleado, libres de impuestos y de contribuciones sociales para las empresas cuando dicho trabajador opte por medios de transporte sostenibles. También se ha creado un Fondo Nacional de 350 millones de euros para el desarrollo del uso de la bicicleta: construcción de vías verdes, equipamientos en trenes y autobuses para su traslado y medidas de protección antirrobo”. El objetivo es triplicar el uso de la bicicleta en 2024.
La Ley trata, además, de favorecer el uso de la tecnología en esta nueva movilidad sostenible: vehículos autónomos, uso de datos y otras ofertas multimodales, actualización de las normas de tráfico para adaptarlas a estos nuevos vehículos y garantizar la seguridad.
En términos de financiación de infraestructuras, el señor Abdoulhoussen ha señalado que el Estado Francés destinará 13.400 millones de euros hasta 2022 para la inversión en infraestructuras que cubran las necesidades de la ciudadanía: mantenimiento de las redes existentes (51 % al ferrocarril y 39 % a las carreteras), descongestión de los nodos ferroviarios, conexiones entre metrópolis y ciudades medianas y fortalecimiento del cambio modal en el transporte de mercancías.
La Secretaria General de Transportes y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), María José Rallo, ha participado también en la reunión de la Comisión de Movilidad de la Cámara de España. Rallo ha recordado que vivimos un momento clave en la movilidad, marcado por la transformación digital, la descarbonización y la importancia creciente de la movilidad urbana. También ha mencionado que el MITMA está trabajando en la “Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada”, que está avanzada y se fundamentará en un “Diálogo Abierto de Movilidad”. Rallo ha pedido la participación de todos los sectores, empresas y administraciones públicas en este diálogo para la elaboración de la futura Ley de Movilidad, en la que ya trabaja este Gobierno.
El propósito de la Comisión de Movilidad es participar en ese Diálogo y contribuir a la elaboración de la futura Ley con una visión rigurosa y completa elaborada gracias a la perspectiva de colaboración público-privada que ofrece la propia composición de la Comisión en la que participan expertos en la materia de tanto empresas como administración pública (estatal y local) y otras instituciones clave.
