El mercado laboral mantendrá su dinamismo en 2019, con una suave desaceleración
La Encuesta de Población Activa (EPA) publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al último trimestre de 2018 confirma la conclusión de un año positivo en términos de empleo para la economía española, trasladándose la mayor parte del crecimiento económico al mercado laboral.
En concreto, durante el conjunto del ejercicio se crearon 566.00 puestos de trabajo (incremento del 3,0% interanual), se redujo el número de desempleados en 462.000 personas (descenso del 12,3% interanual) y la tasa de paro se situó a finales del año en el 14,5% de la población activa, tasa no alcanzada desde 2008 (reducción de 2,1 puntos porcentuales en un año).
Especial mención merece el descenso del 13,0% en el número de hogares con todos sus miembros en situación de paro (1,053 millones) durante 2018.
No obstante, también se identifican ciertas debilidades en el mercado laboral español, con una gradual ralentización a lo largo del pasado ejercicio en el ritmo de creación de empleo (aumento intertrimestral del número de ocupados del 0,19% en el cuarto trimestre frente a 0,95% en el tercer trimestre y 2,49% en el segundo).
Adicionalmente, el número de personas inactivas ha crecido en 2018 a un ritmo del 1,25%, principalmente consecuencia del aumento de los inactivos extranjeros (incremento del 12,7% en un año, frente al 0,5% correspondiente a la población inactiva española).
La tasa de paro sigue muy alejada del promedio comunitario, situándose como la segunda más elevada de la Unión Europea. Además, permanecen las dificultades para conseguir empleo por parte de determinados grupos, como los jóvenes (cuya tasa de paro es superior al 30%) o los parados de larga duración, mientras que el número de empleadores se redujo en el año 2018 en un 0,95%.
A ello cabe sumar la notable dualidad manifestada por un incremento en los empleados públicos a un ritmo del 4,4% en el conjunto de 2018, frente al aumento del 2,7% entre los ocupados del sector privado.
Previsiones de la Cámara de España
Para el año 2019, la Cámara de Comercio de España estima la continuación del dinamismo del mercado laboral, si bien en un escenario de suave ralentización, como de hecho ha puesto de manifiesto la evolución intertrimestral del empleo lo largo de los últimos trimestres de 2018. Detrás de esta trayectoria estaría la suave desaceleración prevista por la economía española durante 2019, con un avance estimado del PIB de 2,2% interanual, frente al 2,5% estimado para 2018.
En todo caso, las previsiones de la Cámara de España vaticinan para el conjunto de 2019 una creación de empleo a una tasa del 1,8% interanual, lo que se traduciría en alrededor de 325.000 nuevos puestos de trabajo en el ejercicio, y la reducción del paro hasta alcanzar una tasa media de desempleo del 14,1%.
Estas previsiones quedan avaladas por la reciente Encuesta de perspectivas empresariales de la Cámara de España, que avanzaba la voluntad de las compañías españolas de continuar aumentando sus plantillas durante el año 2019, a un ritmo superior al promedio europeo, aunque con un tono más moderado que en el ejercicio precedente.
En este escenario, la economía española debe seguir prestando una atención preferente al mercado laboral, con acciones específicas de política económica para perfeccionar su funcionamiento. En particular, para avanzar en la inclusión de los colectivos con mayores problemas para acceder al mercado de trabajo, como los parados de larga duración, los mayores de 45 años o los jóvenes, así como para reducir la burocracia y los costes vinculados al proceso de contratación laboral, y aumentar gradualmente la tasa de actividad. La revisión y mejora de la eficacia de las políticas activas de empleo sigue asimismo siendo una tarea pendiente que no debe posponerse.
En el ámbito general, determinadas incertidumbres y cuestiones presentes podrían influir negativamente sobre el pulso mercado laboral, como la prolongación de la inestabilidad política en Cataluña, las desviaciones respecto a los objetivos acordados con nuestros socios comunitarios en materia de consolidación fiscal, las dificultades para aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado, o la postergación de reformas estructurales de calado para la eficiencia y competitividad de la economía española (en materias como la educación, las pensiones, la financiación autonómica o la modernización de la Administración Pública).
