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Jul
Las elecciones generales del 23 de julio se producen en un momento de enormes desafíos, pero también de grandes oportunidades para España, que requieren estabilidad y acuerdo en cuestiones clave. Por ello, la Cámara de Comercio de España ha elaborado un documento que recopila las 170 medidas de política económica que, según la visión empresarial, debería abordar el gobierno que salga de las urnas.
“Una de las prioridades, sea cual sea el Gobierno elegido en las urnas, debe ser llevar a cabo una política pro-empresa, que impulse un contexto propicio para el crecimiento, la transformación y la creación de empleo. La empresa, como pieza clave de nuestro sistema de economía social de mercado ha de ser el centro de la política económica del futuro gobierno”, ha asegurado el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet.
Política fiscal
Por ello, una de las acciones más urgentes es la reducción de la presión fiscal que soportan las empresas, para incentivar la competitividad y contribuir a incrementar las inversiones, innovaciones y, en definitiva, la creación de empleo.
Entre las medidas que deberán adoptarse figura abaratar el coste de la contratación mediante una rebaja de las cotizaciones sociales, que se sitúan muy por encima de la media de la OCDE.
Igualmente, será necesaria una reforma del impuesto sobre sociedades, para establecer un tipo único y más reducido que el actual, y un esquema de beneficios fiscales más simplificado y acorde con los retos que supone la transición ecológica y la transformación digital.
Energía
Otro de los ámbitos prioritarios de actuación es la energía. En primer lugar, es imprescindible garantizar la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica necesarias para que las empresas energéticas puedan acometer las importantes inversiones que se precisarán en los próximos años.
También se requerirá la puesta en marcha de políticas que impulsen la transición energética de nuestra economía sin aumentar nuestra dependencia del exterior. Para ello serán necesarios incentivos para que se instalen en España empresas fabricantes de los componentes precisos para dicho proceso, utilizando también los fondos europeos para tal fin. Asimismo, deberá garantizarse el suministro de las materias primas necesarias para esas industrias agilizando los trámites para la puesta en explotación de concesiones mineras.
Otra cuestión prioritaria es el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares, siempre de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear. La energía nuclear garantiza el suministro energético a un precio competitivo y proporciona estabilidad al sistema eléctrico. Su clausura requeriría inversión adicional en potencia térmica de respaldo, lo que incrementaría las emisiones de gases de efecto invernadero, elevaría la dependencia energética del exterior y traería consigo un encarecimiento de la factura eléctrica.
La sostenibilidad medioambiental pasa asimismo por la economía circular y la necesidad de una normativa de economía circular que deberá tener en cuenta el efecto de incremento de costes que pueda producir a corto plazo sobre determinadas empresas y sectores.
En ese sentido, el impuesto especial sobre envases de plástico no reciclable debería revisarse y paralizarse su aplicación hasta contar con un análisis de impacto que permita cuantificar los costes y beneficios de su implantación.
Un tercer ámbito de actuación prioritaria es la mejora de la financiación, particularmente de las pymes, tanto a través de mecanismos públicos -como los fondos europeos o los avales de organismos como el ICO-, como de seguir incentivando mecanismos alternativos de financiación para las pequeñas y medianas empresas.
Formación
Otro eje de actuación urgente es la formación. La educación deber ser considerada como una cuestión de Estado y tiene que garantizarse la estabilidad del sistema educativo. Para empezar, deben potenciarse aspectos vinculados a la orientación profesional y los valores básicos, además de dualidad e idiomas. Otro aspecto fundamental es la adaptación de los estudios a las necesidades de las empresas, que han de desempeñar un papel clave a la hora de establecer la orientación adecuada y contenidos de los distintos planes de estudio, ya sea proponiendo asignaturas específicas que cubran sus necesidades, o detallando las habilidades y competencias básicas que deberían disponer los alumnos para desarrollar su tarea de forma apropiada.
Por su parte, la transformación digital exige progresar en el desarrollo efectivo de sistemas de identidad digital seguros y fiables, con trámites para su obtención simplificados y ágiles. Una transformación que demanda asimismo disponer de nuevas infraestructuras críticas para la conectividad digital, tales como redes de banda ancha, 5G y desarrollo de la nube. Es un requisito necesario para la adopción generalizada de tecnologías digitales y para garantizar que los servicios digitales sean fiables, seguros y accesibles.
“El consenso entre los grandes partidos sería de gran ayuda para afrontar cuestiones que afecten al sistema de pensiones, al mercado laboral, la fiscalidad, la educación, la sostenibilidad empresarial o la gestión de los fondos Next Generation EU, que representan una oportunidad histórica para la transformación y modernización de España. En ausencia, previsiblemente, de ese acuerdo político, deberá reforzarse la colaboración público-privada, que tan favorables resultados está ofreciendo en los últimos años”, ha subrayado el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet.
El documento de propuestas de Cámara de Espàña completo está disponible a través de este enlace
